Si
un director de documentales resuelve hacer una película sobre el movimiento
palestino Hamás y para hacerlo recibe subvenciones o recursos económicos de
varias cadenas de televisión de Estados Unidos o Europa (dinero público o
privado) está en pleno derecho de filmar el proyecto cinematográfico que ha
concebido sin tener que dar explicaciones a nadie y menos ser acusado de
malversación de fondos, agredido, humillado y encarcelado como le ha ocurrido a
la cineasta chilena Elena Varela por filmar a los indios mapuches, que no poseen
ni remotamente las armas y las ideas de Hamás
Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo
películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia,
Líbano, Tibet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de
reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales
es filmar la realidad cualquiera que ella sea.
El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet
para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que
denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los
mapuches desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles.
La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las
cosas continúen adelante haciendo oídos sordos.
Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y
después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por
estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En
aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia,
mientras acompañaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre
con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no
pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela?
¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o
guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene
presa e incomunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de
Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los
profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está
preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las
imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del
documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas?
Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela
unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan
métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es
posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un
país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un estado de derecho?
Me indigna que esto ocurra en mi país; mi indigna como cualquier demócrata en
cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas:
libertad para Elena Varela y la devolución de su material.
Patricio GUZMAN
París, 30 de mayo 2008